En la última década, los gobiernos han desarrollado herramientas de vigilancia avanzadas que invaden teléfonos inteligentes y otros dispositivos, accediendo a datos y comunicaciones privadas. Los estados latinoamericanos han utilizado estas tecnologías para infringir la privacidad y los derechos de los ciudadanos y periodistas, amenazando la libertad de prensa. El mercado global de estas tecnologías intrusivas está en crecimiento, con los periodistas convirtiéndose en objetivos principales.
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